El salón auditorio fue sede de la charla abierta “Democracia y Poder Judicial” en la que se presentaron los primeros avances del proyecto de investigación radicado en el Instituto Interdisciplinario en Estudios Constitucionales (IIEC) y financiado por el programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de la Nación,  con el que se busca generar un aporte para el “diseño de políticas públicas para el poder Judicial de la Nación a la luz de los sistemas provinciales”, tal como se consignó en la convocatoria del encuentro.

En la charla estuvieron presentes Nahuel Sosa, director de Argentina Futura; Mauro Benente, titular del equipo de investigación y director del IIEC; Pablo Grillo Ciocchini; Johanna Romero Larco y Santiago Ferrando Kozicki, integrantes del proyecto, quienes compartieron los primeros avances de esta investigación en la que se recuperan experiencias que puedan contribuir a una mayor democratización del Poder Judicial.

Al referirse a esta investigación, Mauro Benente señaló que la revisión “no necesariamente supone esa idea  jacobina de pensar que una transformación implica dinamitar todo y empezar de nuevo, creemos que se pueden tomar algunos elementos puntuales de cada uno de los diseños provinciales para ir mejorando paulatinamente”.

A 40 años de la recuperación de la democracia Nahuel Sosa resaltó la necesidad de pensar “cómo construimos una democracia de alta intensidad, no sólo cómo la defendemos frente a la violencia política;  y ahí aparecieron distintas líneas de trabajo y entre ellas el tema Justicia nos apareció un tema clave”.

“Nuestra sociedad tiene que revalorizar el pacto democratico, tenemos que discutir cuáles son los nuevos Nunca más y una de las deudas de la democracia tiene que ver con cómo un poder judicial se ha convertido en muchas situaciones en un ámbito que lejos de fomentar mayores niveles de participación ciudadana se ha corporizado y se ha vuelto muy ajeno a las necesidades de las grandes mayorías”.

Al momento de brindar datos concretos que forman parte de la investigación, Benente se ocupó de informar sobre las dificultades que afronta la designación de juezas y jueces, proceso que “supone un llamado a concurso, una prueba escrita, una evaluación de antecedentes, un orden de mérito provisorio, una entrevista, y la conformación de una terna, todo eso en el marco del Consejo de la Magistratura desde donde se eleva la terna al Poder Ejecutivo; allí se elige una persona y se lo envía al Senado que presta acuerdo”, enumeró.

“Para los jueces de la Corte Suprema, ese acuerdo tiene que ser de dos tercios de las personas presentes y no existe el concurso previo en el Consejo de la Magistratura”, agregó.

Una de las primeras dificultades es “la gran demora en la conformación de estas ternas, algo que de acuerdo con la ley debería demorar unos 203 días corridos desde que se llama a concurso, pero en la prácticas vemos que es de 660 días, es decir dos años aproximadamente”, destacó.

“A esos dos años se le suma casi un año que demora el Poder Ejecutivo en elegir a una persona de esa terna y enviarlo al Senado, y después casi un año que demora el Senado en dar el acuerdo, con lo cual el proceso dura casi 4 años”, remarcó.

Para el investigador “esto es lo que explica que desde hace ya muchísimos años el Poder Judicial de la Nación funciona con un cuarto de cargos vacantes, en algunos casos como ahora más cerca del 30% y en otros casos un poquito más abajo del 25%, pero hay un problema estructural desde hace años”.

¿Cómo se avanza pese a esa vacancia?  “Se cubre con subrogancias, con jueces que deberían tener un solo trabajo y empiezan a tener dos y eso genera una serie de disfuncionalidades”, expresó.

Para subsanar esta demora el investigador mencionó ejemplos provinciales en los cuales el Senado tiene un plazo perentorio para brindar los acuerdos, y una vez cumplido los nombramientos se producen automáticamente. Y otros casos en los cuales luego del concurso del Consejo intervienen no dos poderes, sino uno -en general solo la Legislatura, pero en algún caso solo el Poder Ejecutivo, o el Tribunal Superior de Justicia- y entonces el proceso resulta más ágil. 

Además de la lentitud en la designación, otro de los puntos que suele ser problemático es la  composición del Consejo de la Magistratura que está integrado por “4 personas juezas, 4 legisladoras, 4 representantes de las abogadas/os 2 del ámbito científico, una del Poder Ejecutivo  y una de la Corte Suprema que además es la presidenta de la Corte”, explicó Benente.

En ese punto, las/os investigadoras/es se preguntan si es correcto que la/el presidenta/e de la Corte integre el consejo. Además también se interrogan qué legitimidad tiene un Consejo integrado, preponderanteme, mediante elecciones corporativas, con personas abogadas y juezas que se eligen entre ellas sin participación popular ni del Congreso de la Nación. 

Otros de los mecanismos de selección analizados están relacionados con la evaluación de antecedentes y la entrevista, instancia que “permite para quienes son integrantes del Consejo modificar el orden de mérito”. A diferencia del caso nacional, en que el Consejo puede cambiar el orden de mérito con la entrevista, a nivel provincial la regla es que tiene un puntaje asignado, “pero suele ser un puntaje alto que termina oficiando como un mecanismo discrecional de modificación del orden de mérito” explicó Benente.

La charla abierta continuó con la exposición de los avances del resto de los panelistas, quienes se abocaron a analizar los mecanismos de discrecionalidad que funcionan en el ingreso de empleadas/os en el Poder Judicial a nivel nacional en el caso de Johanna Romero Larco, en los procesos civiles a cargo de Pablo Grillo Ciocchini y en los procesos penales por parte de Santiago Ferrando Kozicki.